Las sospechas de Robert Kennedy recién reveladas sobre la participación de las pandillas de origen cubano e italiano al servicio de la CIA en el magnicidio de su hermano, arrojan nueva luz sobre la protección de la familia Bush al terrorista Luis Posada Carriles.
El diario Chicago Tribune reveló el domingo último que Robert F. Kennedy sospechó —y comenzó a investigar desde el primer momento— el 22 de noviembre de 1963, que el asesinato del Presidente fue una conspiración de esos grupos, pues él conocía mejor que nadie las motivaciones que los movían, por haber estado trabajando con ellos para derrocar a Fidel Castro y ahogar a la Revolución cubana, después del fiasco de Playa Girón, en la Bahía de Cochinos.
EN SILENCIO HA TENIDO QUE SER
Las revelaciones aparecen en un artículo en ese diario el domingo 13 de mayo, del escritor David Talbot, sobre su libro Brothers: The Hidden History of the Kennedy Years, editado en estos días por la afamada firma Simon and Schuster.
Robert Kennedy había aprendido que en Washington lo mejor era guardar secreto cuando se trabajaba en algo importante. Por eso desinformó durante varios años, diciendo en público que ninguna investigación traería a su hermano de regreso. Pero, en realidad, desde esa misma tarde del magnicidio, es posible seguir la pista de su investigación, ya que comenzó enseguida a utilizar frenéticamente el teléfono desde su casa en Hickory Hill, y a convocar allí a sus ayudantes principales, para reconstruir los hilos del crimen.
El entonces Secretario de Justicia concluyó que la senda del atentado estaba bien lejos del ex marino Lee Harvey Oswald, quien ya había sido arrestado. Así se convirtió secretamente en el primer —y más importante— teórico de la conspiración asesina.
Fuentes de la CIA comenzaron a diseminar su propia visión conspirativa, desde las primeras horas del crimen, enfocándolo en la defección de Oswald hacia la Unión Soviética y su supuesto apoyo a Fidel Castro, que predicaba un grupo secretamente organizado por la Compañía con el código secreto AMSPEL, relató Talbot.
Ese llamado Directorio Estudiantil difundió una grabación que decían habían hecho a Oswald, defendiendo al líder cubano en Nueva Orleans. Alegaban que el supuesto asesino tenía lazos con el Comité de Justo Trato para Cuba.
Pero Robert Kennedy nunca creyó que el asesinato fue un complot comunista. Él miraba en dirección opuesta, enfocándolo en sus sospechas sobre las secretas operaciones anti-Castro de la CIA en el turbio bajo mundo en que él había navegado como hombre puntero de su hermano sobre el tema de Cuba. Irónicamente, las sospechas de Robert nacieron por hacer él la parte del trabajo que le correspondía: provocar el derrocamiento de Fidel Castro.
En esas tareas que le asignó el presidente Kennedy después de la fracasada invasión, conoció la cloaca de intrigas constituida por los elementos que participaban en los complots para asesinar al Presidente de Cuba. Especialmente le chocó el plan organizado por la CIA con los pandilleros cubanos y los capos mafiosos italo-americanos John Rossellli, Sam Giancana y Santos Trafficante.
A estos y otros padrinos había perseguido con saña Robert Kennedy en los primeros años de los cincuenta, como consejero del Comité especial del Congreso que investigaba a los raqueteros y en sus años como Secretario de Justicia en el Gobierno de su hermano. También sabía cómo los tres grupos odiaban y calificaban de traidores a los Kennedy, por el desenlace de Bahía de Cochinos en 1961 y la Crisis de los Cohetes en 1962.
EL SOSPECHOSO MUNDO SINIESTRO DE MIAMI
En el siniestro mundo de espías, pandilleros y terroristas cubanos de Miami, fue donde Robert Kennedy rápidamente acumuló sus sospechas el mismo 22 de noviembre. En los años sucesivos hasta su propio asesinato, el 5 de junio de 1968, pudo reunir un impresionante cuerpo de evidencias que sustentan por qué Robert se sintió obligado a mirar en esa dirección.
La más reciente evidencia aparecida, además de los testimonios en el Congreso, los documentos gubernamentales desclasificados y hasta las veladas confesiones, ha sido la revelación del reputado espía fallecido en enero, hace solo cuatro meses, E. Howard Hunt. El organizador de los plomeros de Watergate admite en su libro póstumo American Spy, que la Compañía pudo haber estado involucrada en el magnicidio. En notas manuscritas y una grabación dejada al morir, fue más lejos, pues admite que en 1963 él participó en una reunión de miembros de la CIA, en una casa de seguridad en Miami, donde se discutió sobre un atentado contra el Presidente.
LA MAFIA DE CHICAGO Y LA DE MIAMI
La noche del magnicidio, Robert Kennedy telefoneó en Chicago a Julius Draznin, quien es un experto en corrupción en los sindicatos, para preguntarle sobre una posible conexión en Dallas de la Mafia. También llamó a su investigador estrella en la Secretaría de Justicia, Walter Sheridan, quien se encontraba en Nashville esperando por el juicio del antiguo némesis de Robert, el dirigente de los camioneros, Jimmy Hoffa.
Si Kennedy tenía algunas dudas sobre la participación de la Mafia en el magnicidio, las disipó dos días después, cuando Jack Ruby disparó contra Oswald en el sótano de la estación de policía donde estaba preso el presunto asesino de su hermano.
Sheridan le suministró rápida evidencia de que Ruby había sido pagado en Chicago por un cercano asociado de Hoffa, Allen M. Dorfman, consejero jefe del Fondo de Retiro de los Camioneros e hijastro de Paul Dorfman, dirigente laboral y vínculo principal con la Mafia de Chicago. Días después, Draznin, hombre de Kennedy en el antiguo feudo de Al Capone, proveyó más evidencias con un informe completo acerca de los lazos de Ruby con la Mafia. Cuando le llevaron la lista de las llamadas que Ruby había hecho en los días del asesinato, dijo a su ayudante Frank Mankiewicz que la lista era como un duplicado de la gente que yo llamaba a testificar ante el Comité que investigaba a los raqueteros.
Respecto a la CIA, Robert sabía que el director, John McCone, no la controlaba. Richard Helms es quien está a cargo de la Agencia, comentó con otro ayudante, John Seigenthaler.
El propio día 22 tuvo una reveladora conversación con Enrique Ruiz Williams, un amigo, veterano de la invasión de Bahía de Cochinos, a quien dejó estupefacto cuando le dijo: Uno de tus colegas lo hizo.
La CIA y los grupos cubanos enemigos de Castro trataban de conectar al alegado asesino con el régimen de La Habana. Pero para Williams quedó claro que Robert Kennedy no compraba la versión. Evidencias recientes sugieren —anota Talbot—, que Robert había escuchado el nombre de Oswald largo tiempo antes de que irrumpiera en las noticias alrededor del mundo, y que conectaba a ese hombre con la guerra subterránea del Gobierno norteamericano contra Cuba. Con su arresto en Dallas, Kennedy aparentemente comprendió que la campaña clandestina contra Castro se había convertido en un bumerán contra su hermano.
Miembros de la familia y también íntimos amigos dicen que ese fin de semana del atentado, Robert, desvelado, andaba cavilando solo sobre la muerte de su hermano. Dijo ese día que John había sido víctima de un poderoso complot que creció al margen de una de las operaciones anti-Castro secretas. No había nada que se podía hacer sobre ese punto, agregó. La Justicia tendría que esperar hasta que pudiera retomar la Casa Blanca.
A través de los años, Kennedy ofrecería rutinarios endosos al Informe Warren y su teoría del tirador único. Pero en privado, continuó trabajando asiduamente para esclarecer la muerte de su hermano, en preparación para reabrirlo si en algún momento obtenía el poder para hacerlo.
Después que dejó el Departamento de Justicia en 1964 y fue elegido para el Senado por Nueva York, Kennedy viajó a México, donde buscó información sobre el misterioso viaje de Oswald en septiembre de 1963, dos meses antes del crimen. Mankiewicz y él llegaron a la conclusión de que probablemente era un complot que envolvió a la Mafia, a los exiliados cubanos y oficiales de la CIA. En marzo del 68, durante su campaña para candidato a la presidencia, se dirigió a un tumultuoso mitin de estudiantes en Nortridge, California, quienes le gritaron que querían saber quién mató al Presidente, que abrieran los archivos.
Robert sabía que si se refería a ello, el tema iba a dominar la campaña en vez de otros candentes asuntos, como la guerra en Viet Nam y la segregación racial en el país. Pero él se dirigía siempre a los estudiantes con sorprendente sinceridad y dejó en una pieza a Mankiewicz cuando después de alguna duda, respondió: Pueden estar seguros de que no hay nadie más interesado que yo. Sí, yo reabriré el caso.
OTRA VEZ LA CIA
Tal vez estaba firmando su sentencia de muerte. Dos meses después, también caería asesinado.
Recientemente fue descubierto que el grupo de oficiales CIA sospechoso del asesinato del Presidente, estaba presente, más allá de sus funciones, en el hotel donde fue asesinado Robert, el candidato seguro a ganar la presidencia.
Cuando se recuerda que el oficial del caso del trabajo sucio contra Cuba fue largo tiempo George Bush padre; cuando se recuerda que Bush padre era el vicepresidente durante la época del escándaloso tráfico de armas por drogas en Centroamérica, de lo que sabe y tiene todo el terrorista y prófugo de la justicia confeso; cuando se recuerdan tantos otros inconfesables crímenes de la pandilla del CIA-GATE, se comprende mejor que Luis Posada Carriles, también sospechoso en el asesinato de Kennedy, que estaba ese día en Dallas y es señalado por el Informe del Congreso que lo investigó, pueda chantajear a George Bush hijo.
domingo, 20 de mayo de 2007
sábado, 12 de mayo de 2007
Declaración del Gobierno Revolucionario
Nuestro pueblo ha conocido con indignación que en horas de la tarde del día 8 de mayo, la Jueza Kathleen Cardone dispuso la liberación definitiva del terrorista Luis Posada Carriles y desestimó todos los cargos que el gobierno de los Estados Unidos había interpuesto en su contra el pasado 11 de enero por fraude y por mentir en las entrevistas que realizara con el Servicio de Inmigración y Aduanas del gobierno de los Estados Unidos para obtener su naturalización en dicho país.
En esta ocasión, Cuba reafirma, con más fuerza aún, la condena de nuestro pueblo a esta maniobra que, como dijera la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril de 2007, "es un insulto al pueblo cubano y a los pueblos que perdieron a 73 de sus hijos con el derribo, frente a las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana de Aviación".
En su Declaración del pasado 15 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dicho que esperaba que "esta instrucción de cargos al terrorista Posada Carriles por delitos de carácter migratorio de menor entidad, no se convierta en una cortina de humo para extenderle impunidad por el grave delito de terrorismo, en un pretexto para seguir ignorando la solicitud de extradición de Posada Carriles presentada el 15 de junio de 2005 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su responsabilidad en la voladura del avión de Cubana de Aviación y sobre la cual no ha dado respuesta todavía".
La secuencia de los hechos desde el momento en que Posada Carriles ingresara en el territorio de los Estados Unidos en la embarcación Santrina, como denunciara oportunamente nuestro Comandante en Jefe, demuestra con claridad que todas las acciones emprendidas por el gobierno norteamericano desde ese momento respondieron a un plan aprobado por el presidente Bush y diseñado para crear, precisamente, una "cortina de humo" que impidiese el procesamiento de Luis Posada Carriles como lo que realmente es: un terrorista.
Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado con aplicar su propia Ley Patriota y reconocer que la liberación del terrorista "amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona" para impedir su liberación. Le habría bastado con que su Servicio de Inmigración y Aduanas decretara que la liberación de Posada Carriles constituía una amenaza a la comunidad y que se corría el riesgo de que se fugara, tal como dice claramente la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril.
El gobierno norteamericano dispone de todas las pruebas que se derivan de su vieja relación con el terrorista y de las que Cuba le ha suministrado en el año 1998 y en fechas recientes.
La manipulación que ha conducido a este desenlace, la protección que recibió el terrorista desde su ingreso al territorio norteamericano, su instrucción de cargos por delitos de menor entidad, los vaivenes en la custodia del terrorista de una agencia federal a otra y de un tribunal a otro, y, finalmente, la decisión de la jueza Cardone del pasado día 8 de mayo, muestran que el plan de Washington era, precisamente, impedir que éste hablara de las acciones vandálicas que cometió contra los pueblos cubano y venezolano y contra otros pueblos de nuestra América cuando actuaba bajo las órdenes de la CIA y, particularmente, del padre del actual Presidente de los Estados Unidos, que dirigió esa agencia de espionaje y subversión del gobierno norteamericano en los años 1975 y 1976, período en que las acciones terroristas contra Cuba fueron más violentas y despiadadas, y cuando actuaba como Vicepresidente de los Estados Unidos durante la década de 1980, período en que se desarrolló la guerra sucia contra el pueblo nicaragüense.
Pero, quizás, el hecho más ilustrativo de que dicho plan estaba en marcha, fueron la solicitud formulada al tribunal por el gobierno de los Estados Unidos, el pasado 27 de abril, de que no aceptara evidencias, testimonios y otras pruebas que vincularan a Posada Carriles con la Agencia Central de Inteligencia, y la respuesta del terrorista, quien argumentó que había actuado bajo las órdenes de la CIA durante más de 25 años, lo que se confirma con el papel que desempeñó como agente de esta en las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua durante la década de 1980.
Con su decisión de no certificar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno de los Estados Unidos no sólo ha violado su propia legislación y el compromiso que supuestamente adquirió en su autoproclamada "guerra contra el terrorismo", sino también sus obligaciones internacionales.
El gobierno norteamericano ha vulnerado de manera aviesa, no sólo la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que él mismo promovió, sino también los tratados sobre terrorismo de que es parte, muy particularmente el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973.
De conformidad con dichos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos debió haber juzgado a Posada Carriles por terrorismo, o haber accedido a la solicitud de extradición formulada en toda regla por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que a casi dos años de haber sido presentada, sigue sin respuesta.
Independientemente de cualquier juicio de valor que nos merezca el dictamen de la jueza Cardone del pasado 8 de mayo, la misma jueza que, en su dictamen anterior del 6 de abril concedió la libertad bajo fianza al terrorista a la par que reconoció que a éste se le acusa "¼ de haber estado involucrado en, o de estar asociado con algunos de los hechos más infames del Siglo Veinte. (¼ ) Algunos de estos hechos incluyen la invasión de la Bahía de Cochinos, el escándalo Irán-Contras, el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, las bombas de 1997 en centros turísticos de La Habana y, según algunos teóricos de la conspiración, en el asesinato del Presidente John F. Kennedy", la total culpabilidad por la libertad de Posada Carriles y la total responsabilidad por lo que de ella pudiera derivar, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos.
Incluso, la jueza Cardone, en su dictamen del 8 de mayo, dice que "el centro de este caso no es (¼ ) el terrorismo. Es el fraude migratorio. El terrorismo y la decisión de si un individuo debe ser o no clasificado como terrorista, descansa en la discreción de la rama ejecutiva" y agrega que no está dispuesta a dar solución a lo que califica en su dictamen como "una papa caliente" para el gobierno norteamericano.
Asimismo, el propio dictamen de la jueza Cardone, en otra de sus partes, deja claro el absurdo de que, de haber sido procesado por fraude y por mentir en un proceso de naturalización, cargos que debían haber sido juzgados el próximo 11 de mayo, la condena máxima de que habría sido acreedor el terrorista era de entre seis y doce meses de prisión, que ni siquiera habría cumplido.
La actuación del gobierno de los Estados Unidos y este desenlace, forman parte del compromiso permanente del actual inquilino de la Casa Blanca con la mafia terrorista cubanoamericana de Miami, y tiene un sospechoso paralelo con la liberación del terrorista Orlando Bosch cuando el padre del actual Presidente dirigía el gobierno norteamericano.
Esta nueva desvergüenza es congruente con los actos de un gobierno que, en su momento, se negó a deportar a Posada Carriles a Cuba o a Venezuela porque en nuestros países, según ellos, "sería torturado", mientras mantiene su prisión en la porción del territorio ocupado a Cuba en Guantánamo y mantiene prisiones secretas a lo largo y ancho del planeta donde se cometen los actos más aberrantes e inhumanos.
Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al terrorista más notorio y sanguinario que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo.
No podemos dejar de recordar que, en sus reflexiones publicadas el pasado 8 de mayo, nuestro Comandante en Jefe alertó, una vez más, que la impunidad estimula el terrorismo, y dijo que "bastó la insólita liberación del conocido terrorista, y de nuevo la muerte visitó nuestros hogares".
Al presidente Bush se le acaba el tiempo. Perdió la oportunidad de mostrar aunque fuera un ápice de dignidad, vergüenza y ética. El clamor de los pueblos contra esta decisión será indetenible. Los secretos que Posada Carriles conoce saldrán a la luz pública más tarde o más temprano y el gobierno norteamericano tendrá que responder por su doble moral y su falta de voluntad política para luchar en serio contra el terrorismo.
Habrá que ver ahora qué hace la Casa Blanca, que aún tiene la opción, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de detener a Luis Posada Carriles y extraditarlo a la República Bolivariana de Venezuela para que responda por sus crímenes.
La Habana, 9 de mayo de 2007
En esta ocasión, Cuba reafirma, con más fuerza aún, la condena de nuestro pueblo a esta maniobra que, como dijera la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril de 2007, "es un insulto al pueblo cubano y a los pueblos que perdieron a 73 de sus hijos con el derribo, frente a las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana de Aviación".
En su Declaración del pasado 15 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dicho que esperaba que "esta instrucción de cargos al terrorista Posada Carriles por delitos de carácter migratorio de menor entidad, no se convierta en una cortina de humo para extenderle impunidad por el grave delito de terrorismo, en un pretexto para seguir ignorando la solicitud de extradición de Posada Carriles presentada el 15 de junio de 2005 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su responsabilidad en la voladura del avión de Cubana de Aviación y sobre la cual no ha dado respuesta todavía".
La secuencia de los hechos desde el momento en que Posada Carriles ingresara en el territorio de los Estados Unidos en la embarcación Santrina, como denunciara oportunamente nuestro Comandante en Jefe, demuestra con claridad que todas las acciones emprendidas por el gobierno norteamericano desde ese momento respondieron a un plan aprobado por el presidente Bush y diseñado para crear, precisamente, una "cortina de humo" que impidiese el procesamiento de Luis Posada Carriles como lo que realmente es: un terrorista.
Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado con aplicar su propia Ley Patriota y reconocer que la liberación del terrorista "amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona" para impedir su liberación. Le habría bastado con que su Servicio de Inmigración y Aduanas decretara que la liberación de Posada Carriles constituía una amenaza a la comunidad y que se corría el riesgo de que se fugara, tal como dice claramente la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril.
El gobierno norteamericano dispone de todas las pruebas que se derivan de su vieja relación con el terrorista y de las que Cuba le ha suministrado en el año 1998 y en fechas recientes.
La manipulación que ha conducido a este desenlace, la protección que recibió el terrorista desde su ingreso al territorio norteamericano, su instrucción de cargos por delitos de menor entidad, los vaivenes en la custodia del terrorista de una agencia federal a otra y de un tribunal a otro, y, finalmente, la decisión de la jueza Cardone del pasado día 8 de mayo, muestran que el plan de Washington era, precisamente, impedir que éste hablara de las acciones vandálicas que cometió contra los pueblos cubano y venezolano y contra otros pueblos de nuestra América cuando actuaba bajo las órdenes de la CIA y, particularmente, del padre del actual Presidente de los Estados Unidos, que dirigió esa agencia de espionaje y subversión del gobierno norteamericano en los años 1975 y 1976, período en que las acciones terroristas contra Cuba fueron más violentas y despiadadas, y cuando actuaba como Vicepresidente de los Estados Unidos durante la década de 1980, período en que se desarrolló la guerra sucia contra el pueblo nicaragüense.
Pero, quizás, el hecho más ilustrativo de que dicho plan estaba en marcha, fueron la solicitud formulada al tribunal por el gobierno de los Estados Unidos, el pasado 27 de abril, de que no aceptara evidencias, testimonios y otras pruebas que vincularan a Posada Carriles con la Agencia Central de Inteligencia, y la respuesta del terrorista, quien argumentó que había actuado bajo las órdenes de la CIA durante más de 25 años, lo que se confirma con el papel que desempeñó como agente de esta en las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua durante la década de 1980.
Con su decisión de no certificar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno de los Estados Unidos no sólo ha violado su propia legislación y el compromiso que supuestamente adquirió en su autoproclamada "guerra contra el terrorismo", sino también sus obligaciones internacionales.
El gobierno norteamericano ha vulnerado de manera aviesa, no sólo la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que él mismo promovió, sino también los tratados sobre terrorismo de que es parte, muy particularmente el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973.
De conformidad con dichos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos debió haber juzgado a Posada Carriles por terrorismo, o haber accedido a la solicitud de extradición formulada en toda regla por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que a casi dos años de haber sido presentada, sigue sin respuesta.
Independientemente de cualquier juicio de valor que nos merezca el dictamen de la jueza Cardone del pasado 8 de mayo, la misma jueza que, en su dictamen anterior del 6 de abril concedió la libertad bajo fianza al terrorista a la par que reconoció que a éste se le acusa "¼ de haber estado involucrado en, o de estar asociado con algunos de los hechos más infames del Siglo Veinte. (¼ ) Algunos de estos hechos incluyen la invasión de la Bahía de Cochinos, el escándalo Irán-Contras, el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, las bombas de 1997 en centros turísticos de La Habana y, según algunos teóricos de la conspiración, en el asesinato del Presidente John F. Kennedy", la total culpabilidad por la libertad de Posada Carriles y la total responsabilidad por lo que de ella pudiera derivar, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos.
Incluso, la jueza Cardone, en su dictamen del 8 de mayo, dice que "el centro de este caso no es (¼ ) el terrorismo. Es el fraude migratorio. El terrorismo y la decisión de si un individuo debe ser o no clasificado como terrorista, descansa en la discreción de la rama ejecutiva" y agrega que no está dispuesta a dar solución a lo que califica en su dictamen como "una papa caliente" para el gobierno norteamericano.
Asimismo, el propio dictamen de la jueza Cardone, en otra de sus partes, deja claro el absurdo de que, de haber sido procesado por fraude y por mentir en un proceso de naturalización, cargos que debían haber sido juzgados el próximo 11 de mayo, la condena máxima de que habría sido acreedor el terrorista era de entre seis y doce meses de prisión, que ni siquiera habría cumplido.
La actuación del gobierno de los Estados Unidos y este desenlace, forman parte del compromiso permanente del actual inquilino de la Casa Blanca con la mafia terrorista cubanoamericana de Miami, y tiene un sospechoso paralelo con la liberación del terrorista Orlando Bosch cuando el padre del actual Presidente dirigía el gobierno norteamericano.
Esta nueva desvergüenza es congruente con los actos de un gobierno que, en su momento, se negó a deportar a Posada Carriles a Cuba o a Venezuela porque en nuestros países, según ellos, "sería torturado", mientras mantiene su prisión en la porción del territorio ocupado a Cuba en Guantánamo y mantiene prisiones secretas a lo largo y ancho del planeta donde se cometen los actos más aberrantes e inhumanos.
Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al terrorista más notorio y sanguinario que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo.
No podemos dejar de recordar que, en sus reflexiones publicadas el pasado 8 de mayo, nuestro Comandante en Jefe alertó, una vez más, que la impunidad estimula el terrorismo, y dijo que "bastó la insólita liberación del conocido terrorista, y de nuevo la muerte visitó nuestros hogares".
Al presidente Bush se le acaba el tiempo. Perdió la oportunidad de mostrar aunque fuera un ápice de dignidad, vergüenza y ética. El clamor de los pueblos contra esta decisión será indetenible. Los secretos que Posada Carriles conoce saldrán a la luz pública más tarde o más temprano y el gobierno norteamericano tendrá que responder por su doble moral y su falta de voluntad política para luchar en serio contra el terrorismo.
Habrá que ver ahora qué hace la Casa Blanca, que aún tiene la opción, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de detener a Luis Posada Carriles y extraditarlo a la República Bolivariana de Venezuela para que responda por sus crímenes.
La Habana, 9 de mayo de 2007
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